Defensor gestiona aprobación
de decreto presidencial de amnistía
e indulto para privados de
libertad
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| DAVID TEZANOS PINTO, DEFENSOR DEL PUEBLO |
La principal autoridad de la institución, David Tezanos Pinto, citado en un boletín de prensa de su despacho, indicó que la situación en la que se encuentran más de 14.000 internos en los diferentes centros penitenciarios del país, evidencia la necesidad y urgencia de implementar medidas políticas que posibiliten la reducción de los altos niveles de hacinamiento.
Señaló que se vienen realizando gestiones para que el Proyecto de Decreto presentado por la Defensoría del Pueblo y el Informe Técnico Jurídico correspondiente, puedan ser considerados por el Órgano Ejecutivo para su consiguiente aprobación.
El Informe Defensorial "Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia y Proyecto de Decreto Presidencial de concesión de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto", en una de sus recomendaciones, señala que la aprobación o promulgación de la propuesta normativa pueda realizarse el próximo 24 de septiembre "como una fecha conmemorativa y trascendente para este grupo de personas en situación de vulnerabilidad, y sea en lo posible sin visiones que pudieran restringir los alcances del Proyecto respectivo".
De acuerdo con el documento, a junio de 2016, las personas privadas de libertad sumaban 14.816, de éstas el 68,97% se encuentran con detención preventiva y sólo el 31.03% tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que muestra una disminución en relación a 2012, cuando el porcentaje alcanzaba a 84%, lo cual es un avance; sin embargo, no se tuvieron los resultados esperados con la implementación de los anteriores Decretos Presidenciales de Amnistía e Indulto Nº 1445, 1723 y 2131, con los que se beneficiaron solo a 2.794 personas privadas de libertad.
En una de sus conclusiones señala: "de acuerdo a las estadísticas de la realidad penitenciaria del país, se puede establecer que las restricciones nada protectoras y nada equilibradas que se han ido insertando en las propuestas de Decretos Presidenciales, han llevado a que las normas aprobadas no pudieron cumplir con los fundamentos que las motivaron, como la reducción del hacinamiento y del colapso del sistema penal".
El informe determina la necesidad de generar medidas políticas contra el hacinamiento hacia un mayor impacto y alcance en pos de reducir los índices de hacinamiento en el país y apartarse de visiones retributivas punitivistas, que consideran que la situación de las personas privadas de libertad es un asunto de seguridad antes que uno de derechos humanos.
Asimismo, indica que es menester encontrar diversos criterios sobre personas en situación de vulnerabilidad a ser protegidos por trato preferente al pertenecer además a un grupo vulnerable de personas en situación de cárcel; y se detecta desconocimiento y ausencia de aplicación de los instrumentos internacionales que regulan el tratamiento a las personas privadas de libertad, entre ellos los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
El Defensor señaló que poner una fecha tope de corto alcance para la recepción de carpetas o delimitar la misma a las personas que actualmente se encuentren detenidas, frustraría la medida del indulto como sucedió con el Decreto Presidencial Nº 2437, que ampliaba la vigencia del Decreto Nº 2131, el cual estuvo llamado a ser el instrumento más efectivo de descongestión, pero las directrices que siguieron los técnicos revisores, lo estancaron.
