La alianza de grandes, medianas y pequeñas cervecerías artesanales señalan que el Gobierno quiere compensar su iliquidez debido a una menor recaudación por efectos de la informalidad económica y el contrabando, con una mayor presión tributaria sobre las empresas formales.
Septiembre 2022. La alianza de cervecerías bolivianas ha manifestado su rechazo a una posible inclusión de rangos para el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que planteó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el Proyecto de Ley PL-354/2021-2022 enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la semana pasada.
“La modificación de estos rangos tendrán un impacto en las alícuotas del ICE y planteará un incremento de la presión tributaria sobre el sector cervecero del país, lo que plantea un atentado a la sostenibilidad económica de nuestras empresas, especialmente las más pequeñas y vulnerables como es el caso de las cervecerías artesanales, solicitamos al Gobierno el retiro de este proyecto de ley y trabajar en conjunto en una propuesta de un sistema tributario más bien a favor de la industria nacional ”, indicó Guido Mühr, representante de Sabores Bolivianos Alemanes y la marca Prost.
Tratamiento discriminatorio a la formalidad
La crisis económica postpandemia y el incremento del contrabando han golpeado profundamente al sector cervecero boliviano afectando a grandes y pequeñas cervecerías artesanales con un impacto especial sobre estas últimas que muestran mayor vulnerabilidad. Los aliados de PCB refuerzan que es necesario proteger a la cerveza boliviana como un producto de excelente calidad que además puede potenciar otras actividades como el turismo como ocurre en otros países. Adicionalmente, puntualizan sobre una ausencia del Estado para proteger a la producción nacional.
“Hay que considerar a las cervecerías artesanales que, en la actualidad, además de competir con productos de contrabando, les toca luchar con una subida en los precios de la materia prima, si esta subida al impuesto al consumo específico se hace efectiva muchas cervecerías pequeñas tendrán que cerrar sus puertas”, señaló Stefano Coutand de la cervecería Madera en Santa Cruz de la Sierra. Acotó además que “Hay más de 80 cervecerías en el país entre grandes, medianas y pequeñas. Buena parte son emprendimientos artesanales que buscan desarrollarse, crecer y aportar a la cultura cervecera del país”.
Según las empresas, las recaudaciones se han reducido por efectos de la crisis sobre la demanda agregada, pero sobre todo por el contrabando, que, en el caso de las bebidas alcohólicas, cada año el Estado deja de recaudar más de 100 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por Euromonitor.
“La falta de mecanismos eficientes en el control fronterizo y la devaluación de las monedas en los países colindantes ha incentivado fuertemente el crecimiento del contrabando, lo que redundado en el sostenimiento de la estabilidad de precios y el incremento del empleo informal, pero con un impacto en la reducción de la recaudación tributaria; hoy, ante ese panorama, se quiere compensar injustamente esta deficiencia con la modificación del ICE para las bebidas”, enfatizó Alberto Arze, empresario artesanal y representante de la cerveza Candelaria en Cochabamba.
Los representantes del sector indican que este es un tratamiento desigual y discriminatorio con la empresa formal, que genera empleos de calidad y que son los que históricamente más contribuyen al fisco. “La sustitución de importaciones que alega el Gobierno se queda en un discurso vacío con esta medida que pretende aprobar y que como beneficiario final solo tiene al contrabando porque con su aplicación los volúmenes de ventas de bebidas legalmente vendidas bajarán drásticamente”, enfatizó Guido Mühr.
“Una modificación del ICE incrementaría más la presión tributaria, lo que nos quita aún más competitividad frente a la libertad que tiene hoy el contrabando; de esta manera, este proyecto de ley debe ser retirado debido a que pone en peligro el tejido productivo, pues puede implicar el cierre de operaciones en varias industrias del sector”, concluyó Guido Mühr en representación del sector cervecero artesanal.
Finalmente, señalaron que la presión tributaria sobre el sector cervecero boliviano es la más alta de la región: el impuesto al consumo específico de la cerveza es del 34,6%, mucho mayor al de Argentina (8,7%), Paraguay (8%), Chile (20,5%), Brasil y Venezuela (15%), a lo que es preciso sumar el Bono ProLeche, que graba con 0,10 centavos de boliviano por cada litro de cerveza consumido.
Tratamiento discriminatorio a la formalidad
La crisis económica postpandemia y el incremento del contrabando han golpeado profundamente al sector cervecero boliviano afectando a grandes y pequeñas cervecerías artesanales con un impacto especial sobre estas últimas que muestran mayor vulnerabilidad. Los aliados de PCB refuerzan que es necesario proteger a la cerveza boliviana como un producto de excelente calidad que además puede potenciar otras actividades como el turismo como ocurre en otros países. Adicionalmente, puntualizan sobre una ausencia del Estado para proteger a la producción nacional.
“Hay que considerar a las cervecerías artesanales que, en la actualidad, además de competir con productos de contrabando, les toca luchar con una subida en los precios de la materia prima, si esta subida al impuesto al consumo específico se hace efectiva muchas cervecerías pequeñas tendrán que cerrar sus puertas”, señaló Stefano Coutand de la cervecería Madera en Santa Cruz de la Sierra. Acotó además que “Hay más de 80 cervecerías en el país entre grandes, medianas y pequeñas. Buena parte son emprendimientos artesanales que buscan desarrollarse, crecer y aportar a la cultura cervecera del país”.
Según las empresas, las recaudaciones se han reducido por efectos de la crisis sobre la demanda agregada, pero sobre todo por el contrabando, que, en el caso de las bebidas alcohólicas, cada año el Estado deja de recaudar más de 100 millones de dólares, de acuerdo con un estudio realizado por Euromonitor.
“La falta de mecanismos eficientes en el control fronterizo y la devaluación de las monedas en los países colindantes ha incentivado fuertemente el crecimiento del contrabando, lo que redundado en el sostenimiento de la estabilidad de precios y el incremento del empleo informal, pero con un impacto en la reducción de la recaudación tributaria; hoy, ante ese panorama, se quiere compensar injustamente esta deficiencia con la modificación del ICE para las bebidas”, enfatizó Alberto Arze, empresario artesanal y representante de la cerveza Candelaria en Cochabamba.
Los representantes del sector indican que este es un tratamiento desigual y discriminatorio con la empresa formal, que genera empleos de calidad y que son los que históricamente más contribuyen al fisco. “La sustitución de importaciones que alega el Gobierno se queda en un discurso vacío con esta medida que pretende aprobar y que como beneficiario final solo tiene al contrabando porque con su aplicación los volúmenes de ventas de bebidas legalmente vendidas bajarán drásticamente”, enfatizó Guido Mühr.
“Una modificación del ICE incrementaría más la presión tributaria, lo que nos quita aún más competitividad frente a la libertad que tiene hoy el contrabando; de esta manera, este proyecto de ley debe ser retirado debido a que pone en peligro el tejido productivo, pues puede implicar el cierre de operaciones en varias industrias del sector”, concluyó Guido Mühr en representación del sector cervecero artesanal.
Finalmente, señalaron que la presión tributaria sobre el sector cervecero boliviano es la más alta de la región: el impuesto al consumo específico de la cerveza es del 34,6%, mucho mayor al de Argentina (8,7%), Paraguay (8%), Chile (20,5%), Brasil y Venezuela (15%), a lo que es preciso sumar el Bono ProLeche, que graba con 0,10 centavos de boliviano por cada litro de cerveza consumido.
