AGRESIÓN EN MARCHA DEL MAS ELEVA A 82 LOS CASOS DE VIOLENCIA A PERIODISTAS EN 2024
Los conflictos
al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) han provocado vulneraciones a la
libertad de prensa y la integridad de periodistas. La corresponsal de la red
televisiva Cadena A en Oruro, Irene Torrez, fue agredida físicamente por siete
personas que integran la movilización encabezada por el expresidente Evo
Morales y que partió el martes de la localidad de Caracollo a la ciudad de La
Paz.
En su labor de
reportar el inicio y desarrollo de esta movilización, la periodista se trasladó
hasta Caracollo desde la ciudad de Oruro. Aproximadamente a las 15:30 horas,
cuando la marcha se acercaba al sector de Vila Vila, un grupo de personas
afines al ala arcista del MAS, que se denominaron “autoconvocados”, impidió el
avance de la marcha. Se generó un enfrentamiento entre ambos bandos con
petardos, piedras y otros objetos.
“Es ahí donde
registro las imágenes, donde se ve cómo varias personas (de línea evista)
comienzan a golpear a personas del cerro (de línea arcista). Pese a que estaban
semiinconscientes en el suelo, los pateaban. Yo tuve el instinto de ayuda,
cuando se retiraron yo me acerqué a uno de ellos, tenía el rostro
ensangrentado. ‘¿Está bien?’ Le pregunté. De pronto varias personas me
rodearon, una me toca el hombro, pensaron que era una movilizada, pese a que
estaba con credencial, micrófono y teléfono celular. Les dije que soy
periodista, y me empezaron a empujar, a golpear y me quisieron robar el
teléfono”, relató la periodista al Observatorio de Defensoras y Defensores de
Derechos de Unitas.
En medio de los
golpes y forcejeos, Torrez sintió el golpe de un palo en su espalda. “Fue tan
intenso el golpe, que sentí un zumbido en mi cabeza, me cegó la vista y me caí
de rodillas. No pude reaccionar y sólo agarraba mi celular”, complementó.
Torrez precisó
que luego de la golpiza y de recibir una serie de insultos por su condición de
mujer, fue obligada a borrar todas las imágenes que grabó con su celular. No la
soltaron hasta ver que ninguna imagen se quedara guardada en su dispositivo
móvil.
No había ningún
policía en el lugar cuando la periodista sufrió todos estos atropellos. Luego
de varios minutos, un vehículo de la Defensoría del Pueblo se acercó y la
auxilió.
Así como Torrez,
otro periodista del medio SEO TV también fue censurado e intimidado por las
personas del ala arcista que se encontraban en Vila Vila. Lo obligaron a cortar
su emisión en directo.
Diferentes
gremios periodísticos repudiaron el accionar, entre ellos el Sindicato de
Trabajadores de la Prensa de Oruro, que calificó la agresión a Torrez de
“cobarde y violenta”.
La Asociación
Nacional de Periodistas de Bolivia también emitió un pronunciamiento en la que
recuerdan a las autoridades y a los sectores movilizados que la Constitución y
la Ley de Imprenta garantizan la libertad de información y prohíben cualquier
forma de censura.
Estas nuevas
agresiones contra periodistas, eleva la cifra de vulneraciones a la libertad de
prensa a 82 entre enero y septiembre de este año, de acuerdo con el seguimiento
realizado por el Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas. De éstas, el
impedimento de acceso a la información es la más frecuente con 22 casos,
seguido de amenazas y amedrentamientos a periodistas (16 casos) y las
agresiones físicas y psicológicas contra periodistas (12 casos).
Los actores que
violan la libertad de prensa, principalmente, son grupos de personas
particulares (18 registros), el Ministerio Público (10 registros) y la Policía
Nacional (10 registros).
Con relación al
género de los actores vulneradores, de los 82 registros, 39 son hombres; 13,
mujeres y los restantes 30 pertenecen a la categoría de medio de comunicación.
Simpatizantes
del MAS del ala evista emprenden una marcha a la ciudad de La Paz por la
carretera a Oruro y en próximos días se prevé que llegue a la sede de gobierno.
Sus demandas son mejoras en la gestión económica, la defensa de la democracia,
la protección de la sigla del MAS y la candidatura de Morales para las
elecciones de 2025.
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| Agresiones físicas a periodistas |
Análisis
Para el Programa
de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de Unitas, los
y las periodistas desempeñan un rol fundamental en la defensa de la democracia
y, en ese marco, son considerados defensores de los derechos humanos, en la
medida que exponen violaciones de derechos, corrupción, abuso de poder y otras
irregularidades. Su capacidad de comunicar hechos relevantes a la sociedad los
sitúa en una posición especial para promover el derecho a la libertad de
expresión, el acceso a la información y otros derechos.
El Estado tiene
la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los
periodistas realicen su trabajo sin miedo a represalias, intimidaciones o
ataques. Esto implica adoptar medidas legislativas, políticas y prácticas que
protejan su libertad de expresión, su integridad física y su derecho a buscar,
recibir y difundir información. Además, los Estados deben investigar de manera
pronta y efectiva cualquier amenaza o acto de violencia contra periodistas,
asegurando que los responsables rindan cuentas. La protección de las y los
periodistas no solo salvaguarda sus derechos, sino que también es esencial para
el libre flujo de información y el pleno ejercicio de la democracia.
Recomendaciones
al Estado boliviano
El Programa
Defensores de Unitas recuerda al Estado las recomendaciones del Examen
Periódico Universal del año 2019, promovidas desde el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. De las 238 recomendaciones, tres tienen que ver con la
libertad de prensa:
115.79 Eliminar
toda forma de presión, seguimiento y vigilancia de los reporteros y
periodistas, especialmente aquellos considerados afines a la oposición
(Croacia);
115.80
Asegurarse de que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación
puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión sin
intimidación ni hostigamiento (Israel);
115.81
Garantizar la independencia de los medios de comunicación y el respeto de la
libertad de expresión (Luxemburgo).
A estas
recomendaciones se suman las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, sobre los hechos de violencia y vulneración de los
derechos humanos ocurridos en 2019. La recomendación 27, dirigida al Estado y a
toda la sociedad civil boliviana, insta a “Crear una instancia no estatal para
brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas
cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.
Unión
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
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